El Tribunal Administrativo de Cundinamarca les ordenó a los entes de control, a Migración Colombia y a otras entidades del Estado, rastrear los $70.000 millones del anticipo del Ministerio de las TIC a Centros Poblados.

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberá entregar un documento en el que explique las acciones y omisiones en que incurrieron los contratistas y permitieron la consolidación de las irregularidades.

En el mismo sentido, el tribunal ordenó la persecución y el embargo de los bienes de todos los empresarios vinculados al contrato, que en teoría tenía como fin darle acceso a internet a varias escuelas rurales del país.