En la Corte Constitucional se debate la constitucionalidad del llamado blindaje jurídico para el acuerdo con los terroristas de las FARC, que ordena que durante 12 años ningún gobierno pueda afectar o cambiar normas que sirvan para implementar el mencionado acuerdo.

El texto del acto Legislativo indica que “los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales”.

El encargado de estudiar el caso es el magistrado Luis Guillermo Guerrero quien en una ponencia manifiesta su desacuerdo con gran parte de esa reforma constitucional. Para Guerrero, se debe eliminar del acto legislativo dos frases: una que obliga a “cumplir con buena fe lo establecido en el acuerdo final” y otra frase que condiciona todas “las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado” deberán guardar coherencia con lo acordado.