Esta carta tiene un doble propósito. En primer lugar, expresar la preocupación de millones de ciudadanos colombianos ante la inminente pérdida de su democracia como resultado del   acuerdo   de   paz   firmado   entre   el   Gobierno   de   Colombia   y   la   organización narcoterrorista FARC, ignorando su amplio rechazo por parte del pueblo colombiano. En segundo lugar, más allá de las preocupaciones nacionales, queremos destacar el impacto que el mencionado acuerdo tiene en el ámbito del Crimen Transnacional Organizado y la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. 

El 2 de octubre de 2016, millones de ciudadanos rechazaron el acuerdo final que había sido negociado en La Habana, Cuba diciendo “No”, en un plebiscito convocado por el Presidente de la República de Colombia. A pesar del resultado de la votación popular, el gobierno tomó medidas legales irregulares y – a la medida – para ignorarlo, lo que condujo a la firma del acuerdo el 24 de noviembre del mismo año. 

Más allá de la ilegitimidad del acuerdo, cabe señalar que las FARC siguen siendo la mayor organización “activa” de narcoterrorismo, responsable del suministro de cocaína y otras drogas ilegales en todo el mundo, a través de numerosas redes criminales. De hecho, bajo el actual gobierno, Colombia se ha convertido nuevamente en el primer productor de hoja de coca del mundo, mientras que la exportación de cocaína a Europa y a Estados Unidos, a través de la vecina Venezuela, se ha disparado. 

Si bien las FARC han cometido “miles” de crímenes contra la humanidad, el acuerdo prevé total impunidad, tal como ha sido reconocido por varias organizaciones importantes en el ámbito de la justicia internacional y de los derechos humanos. FARC asesinaron, masacraron y secuestraron durante más 50 años, a colombianos inocentes, a niños, mujeres, ancianos, campesinos, empresarios, y líderes sociales.   Tres ciudadanos norteamericanos que inspeccionaban los trabajos de fumigación de los campos de coca también fueron secuestrados y sometidos a un tratamiento inhumano inimaginable.

El acuerdo prevé sanciones simbólicas que de ninguna manera adhieren a los mecanismos modernos de justicia transicional ni respetan la búsqueda judicial de la verdad – caso por caso – solicitada por las víctimas. Además, las FARC se beneficiarán de escaños en el Congreso y de legitimidad política formal. 

Lejos de limitarse a formular mecanismos para la desmovilización, el desarme y la reinserción social de los miembros de las FARC, el acuerdo final está claramente orientado a quebrantar el marco institucional democrático de Colombia. La columna vertebral del poder judicial se ve gravemente afectada con la creación de un tribunal especial que no estará   sujeto   a   la   ley   colombiana,   eludiendo   así   nuestra   tradición   constitucional republicana de más de 200 años de antigüedad. Por otra parte, la capacidad legislativa del Congreso ha sido severamente frustrada, mientras que los poderes presidenciales han sido indebidamente reforzados con facultades legislativas especiales excesivas, lo que a su vez disminuye los poderes del Tribunal Constitucional. Por otro lado, la competitividad del país  y  su  sistema  económico  de  mercado  están  siendo  seriamente  comprometidos  por  el  

recurrente  llamado  de  las  FARC  a  imponer  su  agenda  Marxista-Leninista,  siguiendo  el modelo de la vecina Venezuela. 

Agravando aún más la falta de rendición de cuentas de las FARC en el marco del acuerdo, todavía se desconoce el paradero de decenas de miles de millones de dólares en dinero de la droga, a pesar de repetidas solicitudes al gobierno para que se proporcione información sobre el asunto. 

Sin embargo, el impacto del acuerdo va mucho más allá de las fronteras de Colombia. Las relaciones comprobadas de las FARC con el Crimen Transnacional Organizado (CTO) y otras organizaciones terroristas internacionales como Hezbollah y Al-Qaeda permanecen intactas. Asimismo, sigue siendo motivo de gran preocupación su estrecha relación con los gobiernos de Cuba y Venezuela, los principales aliados de la República Islámica de Irán en la  región  y  sedes  de  múltiples  organizaciones  terroristas  internacionales.  Existe  un consenso creciente en el sentido de que las situaciones políticas de Colombia y Venezuela tienen que ser consideradas conjuntamente, dado que la fuerza política que determina la dirección  de  ambos  países  es  la  misma,  es  decir,  el  establecimiento  narco-socialista transnacional en el que las FARC desempeña un papel prominente. 

Estas son sólo algunas de las muchas facetas cuestionables y perturbadoras de las negociaciones de paz en Colombia. Permítanos añadir que la abrumadora mayoría de los colombianos desea una verdadera paz, una con justicia y sin la impunidad de crímenes atroces. Una paz que respete el estado de derecho y defienda el papel de la justicia y las instituciones democráticas. Una paz que respete la voluntad de la mayoría expresada en el voto popular y que los colombianos puedan disfrutar con dignidad humana. 

Como  ciudadanos  que  ejercen  cargos  en  el  sector  público  de  Colombia,  expresamos nuestra  profunda  esperanza  de  que  el  gobierno  de  los  Estados  Unidos  de  América considere  los  argumentos  antes mencionados  y  adopte  las  medidas  que  considere necesarias. 

Estamos en una coyuntura muy crítica para el futuro de nuestra democracia. La aplicación “forzada” del acuerdo definitivo entre el gobierno y las FARC podría conducir rápidamente a Colombia hacia una situación de ruptura total de su democracia, similar -o tal vez peor- que la de los estados vecinos.