La defensoría del pueblo denunció que a pesar de la intervención militar ordenada por el gobierno Santos en Buenaventura, el orden público en el Puerto sigue siendo un problema.

La defensoría fundamenta su denuncia en que por lo menos cinco muertes violentas que se produjeron durante la Semana Santa, las 65 situaciones de riesgo advertidas para la integridad de líderes sociales en esa ciudad y las presiones que siguen rondando a los padres de familia respecto al reclutamiento de sus hijos menores de edad por parte de los grupos armados ilegales.