La Procuraduría General de la Nación le solicitó formalmente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes iniciar un proceso en contra del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández por su presunta responsabilidad en la exigencia de millonarias sumas de dinero para desviar y archivar procesos en el alto tribunal.

De acuerdo con el Ministerio Público, se pudo establecer pruebas que lo involucran en delitos como concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción y omisión, y utilización de información sometida a reserva.

Según la investigación de la Procuraduría, en el caso de Gustavo Malo hay evidentes motivos de indignidad en el ejercicio del cargo y fundamentos probatorios y jurídicos.