Luego de 36 Ciclo de trabajo en el desenvolvimiento de las Conversaciones de paz en La Habana, lo cual suma 360 días continuos de trabajo, sin incluir los recesos entre ciclos, ni los días intermedios entre cada miniciclo, podemos decir que de las posiciones públicas de cada una de las partes se pueden sacar conclusiones sobre asuntos que se tornan en imperativos para alcanzar La Paz:

1. Conquistar la justicia social y la democracia. Es obligado dar pasos hacia las transformaciones de orden político, económico y social que establezcan las bases para superar la miseria, la desigualdad y carencia de democracia que impera en Colombia, especialmente en las ciudades. Habría que comenzar a realizar desde ya, al menos, las medidas de cambio que se plasmaron en los Acuerdos Parciales, mientras se resuelven las salvedades o disensos entre las partes, considerando que todo lo hasta ahora pactado se refiere a transformaciones de beneficio social que nada tienen que ver directamente con el futuro de la insurgencia y, generalmente, aluden a deberes incumplidos del Estado, como es el de realizar la Reforma Rural Integral que beneficie sobre todo a los habitantes del campo. Esto implicará, por ejemplo, que de una vez por todas se deje de obstruir la conformación y la consolidación de las Zonas de Reserva Campesina, y la oligarquía deje atrás los intentos por desarticular las Unidades Agrícolas Familiares con iniciativas oscuras como la de la conformación de las ZIDRES.

(Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico) que apunta, además, al despojo de los baldíos de su condición de tales, para en últimas entregarlos a los latifundistas locales y trasnacionales..

2. El derecho a la rebelión y el Margen Nacional de Apreciación. Darle reconocimiento político a la insurgencia, de manera tal que se entienda que las guerrilleras y guerrilleros, lo que han ejercido es el legítimo derecho a la rebelión armada, y que por tanto la solución dialogada al alzamiento debe ser política. No se puede insistir en dar tratamiento punitivo a un conflicto de más de medio siglo en el que subyacen profundas causas de injusticia social. Ningún combatientes irá a la cárcel por haber ejercido el derecho a la rebelión armada. Esto implica también desmontar la criminalización de la protesta social y la persecución a los líderes populares que han sido acusados o se les acusa de rebelión y terrorismo por su inconformidad frente a las injusticia de todo tipo. En consecuencia, deberán definirse los mecanismos y procedimientos para excarcelar a insurgentes y dirigentes populares, o a cualquier persona que haya sido privada de la libertad por estar acusada de cualquier delito político.

Dentro de tal perspectiva deberá darse el restablecimiento pleno del delito político con sus conexidades, y la disposición de normativas que contemplen amplias amnistías e indultos. En todo caso, insistimos en que para concretar cualquier cierre jurídico del proceso, el cual h de estar subordinado al acuerdo político, se deberá tomar en cuenta la aplicación en Colombia de la Doctrina del Margen Nacional de Apreciación, en reivindicación de la soberanía y la exclusión de las injerencias internacionales obstructivas.

3. Responsabilidad del Estado infractor. El Estado como causante de la confrontación y de su permanencia, es el máximo responsable del conflicto. Así lo debe reconocer y asumir, partiendo por entender que no puede tener la pretensión de ser juez y parte de un proceso que es eminentemente político. En el caso de que se configurara algún escenario jurídico, el ius puniendi, o facultad sancionadora del Estado respecto a la insurgencia no existe; por lo tanto, cualquier cuerpo normativo para la normalización de la vida nacional, debe surgir como convenio derivado del Acuerdo General de La Habana, el de agosto de 2012, que es el único marco jurídico para La Paz hasta ahora suscrito por las partes.

4. Desmilitarización de la sociedad y del Estado. Para el logro de un nueva era de paz, la dejación de armas, que no es entrega de las mismas de ninguna de las partes, sino el compromiso mutuo de separar las armas de su uso en política como parte de un proceso de desmilitarización de la sociedad y del Estado, implica que el tema Fuerzas Armadas deberá ser analizado al menos en cinco aspectos esenciales:

– Abandono y cambio de la Doctrina de la Seguridad Nacional y del enemigo interno por una doctrina patriótica, profundamente humanista que conduzca a la depuración y cualificación de las Fuerzas Armadas y de Policía.

– Apropiación de la Fuerza Pública de su rol constitucional, en lo que concierne a la defensa de las fronteras y a la defensa de los intereses ciudadanos. La policía se debe desmilitarizar y asumir las funciones que le corresponden como parte del ejecutivo.

– Colocar el número de efectivos en la dimensión adecuada para un país que no está en guerra, con unos presupuestos ajustados a la misma circunstancia. Desmerecenarización de cada una de las fuerzas.

– Revisar los convenios militares internacionales y prescindir de la presencia militar extranjera en territorio nacional.

– Desmantelar el paramilitarismo y demás instrumentos de la guerra sucia y el terrorismo de Estado.

5. El esclarecimiento de la verdad como aspecto central para la reparación de las víctimas del conflicto. En el punto que ahora se discute, referido a Víctimas del conflicto, deberá establecerse una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, con amplia participación de las víctimas. Tal Comisión, tomando como insumo básico los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, esclarecerá la verdad histórica (indicando causas, consecuencias y responsables), e impulsará la justicia transformadora, la reparación integral, el perdón político y social, y la no repetición en busca de la reconciliación en condiciones de buen vivir, asumiéndose que adelantamos un proceso en tránsito hacia la justicia social.

6. Desescalar el conflicto. Urge tomar nuevas medidas de desescalamiento, bilaterales, que alivien los dolores de la guerra, entre las cuales la más práctica y de mayores resultados favorables para la población es el cese de fuegos. Pero es necesario también desescalar el lenguaje guerreristas que impera en los grandes medios de comunicación, los cuales en vez de alentar la paz, alientan los odios y meten la leña de la mentira, la tergiversación y desinformación a la hoguera de la confrontación.

El paso más trascendental para aliviar los dolores de la guerra y darle irreversibilidad al proceso de paz, sería lograr un armisticio general que tome como basé el cese bilateral de fuegos y hostilidades, en el que naturalmente la guerrilla no estará localizada, ni encorralada, sino jugando un papel dinámico al lado de las comunidades en la construcción de la paz.

7. Construcción y refrendación de Acuerdos. Lo construcción de un Acuerdo Final de Paz, debe contar con la participación activa de la población, y el mecanismo de refrendación que se pacte entre las partes debe ser el que brinde el mayor protagonismo y ejercicio de la democracia. En tal sentido, el instrumento que puede abrir espacios de acción para que el soberano que es el pueblo actúe y decida, es la Asamblea Nacional Constituyente. Ella, como producto de un acuerdo político nacional que establezca su composición, su duración y el temario, deberá encargarse de debatir y encontrar salidas a los puntos de disenso que no se logre resolverse en la Mesa. La Constituyente, con la definición de una nuevo Carta que configure un Tratado de Paz, marcaría el inicio de la refundación de Colombia.