Por: Thania Vega de Plazas

A medida que avanza la implementación del acuerdo que fue rechazado en la urnas, los miembros de la Fuerza Pública privados de la libertad, que esperaban su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, que les permitiera volver a sus hogares casi de inmediato, se han percatado de la dura realidad que nunca quisieron aceptar, no obstante nuestras advertencias.

Desde un comienzo cuando escuchamos hablar de la JEP y su normatividad complementaria para afectos de aplicación de justicia, a lo que sus autores denominaban “todos los actores del conflicto armado”, vimos un peligroso desbalance que hoy constituye una asimetría sin precedentes.

Siempre partimos de la base que éste sistema de justicia o ley de amnistía, era revanchista, selectivo y desproporcionado, toda vez que combina elementos de impunidad abierta al terrorismo con penas severas e injustas a los miembros de nuestra Fuerza Pública. Dicha advertencia al parecer no fue tenida en cuenta y es por ello es que hoy estamos viendo un desolador panorama en materia de justicia para unos y otros.

Hasta el momento, mientras aproximadamente 800 terroristas de las FARC han recobrado su libertad por  aplicación de las normas que rigen éstas materias, apenas un número cercano a los 100 militares y policías lo han logrado. Esto supone en la estadística que por cada militar o policía que sale en libertad, entre 8 y 10 terroristas también lo logran.

Para ilustrar la anterior afirmación, únicamente en el marco de la Jurisdicción Especial, en lo que se refiere a las condiciones del sometimiento a la JEP de terroristas y militares para acceder a los beneficios, mientras éstos últimos se comprometen a aportar verdad, reparar a las víctimas y a la no repetición, los terroristas salen de las cárceles en desbandada sin asumir los requisitos y obligaciones que se le imponen a los miembros de la Fuerza Pública.

Así las cosas, la situación  desventajosa de militares y policías detenidos por hechos relacionados con la lucha contra el terrorismo, es atribuible tanto a la arbitrariedad de las autoridades judiciales como al diseño de la propia JEP.

La degradación de este modelo de justicia ha llegado a tal grado de perversión y desconcierto, que estamos ante la escena de la impunidad total y evidente. Criminales de la peor calaña como Hermisul Arellan Barajas, condenado a 40 años de prisión como autor del atentado al Club El Nogal, fue dejado en libertad por acogerse a la JEP. Lo propio ocurrió con el terrorista José Armando Cadena Cabrera, alias Bronco, condenado a 22 años de prisión por el secuestro de tres ciudadanos norteamericanos y el asesinato del suboficial Alcides Cruz.

Un juez de ejecución de penas también le concedió la libertad a Martín Leonel Pérez Castro, alias Richard, terrorista perteneciente al frente 30 de las FARC, condenado a 60 años de cárcel por el secuestro de los diputados del Valle del Cauca en el 2002.

No cabe duda que ésta asimetría fue calculada, de mala fe. Aquí vemos como se desprenden sus efectos parcializados y la forma en cómo se ha desnaturalizado la justicia en nuestro país. 

Finalmente, quiero exhortar al ministro de defensa y a los negociadores del proceso con los narcoterroristas de las FARC para que vayan a visitar los Centros de Reclusión Militar y les pongan la cara a nuestros miembros de la Fuerza Pública, y de paso les expliquen porqué no les han cumplido con lo pactado en materia de justicia.

FIN….