Por Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático.

Es urgente para el país terminar la ejecución del proyecto energético Ituango, y la entrada en operación de dos de sus ocho turbinas en 2022.

La primera razón por la que tenemos que poner en marcha la obra y cumplir el cronograma, es que necesitamos que las aguas del Río Cauca pasen por la casa de máquinas y no por el vertedero, como sucede en la actualidad, porque se ponen en riesgo las comunidades aguas abajo y el medioambiente. La obra solo alcanzará el 100% de estabilidad cuando las dos primeras turbinas comiencen a generar, y estamos cerca de lograrlo. 

La ejecución del proyecto, por parte de EPM como constructor principal y sus subcontratistas, se ha mantenido veinticuatro horas, siete días a la semana, con un intenso trabajo en equipo, sincronizado y un grupo que conoce a fondo cada detalle del proyecto. Cualquier cambio en el equipo actual, limitaría la oportunidad de cumplir los plazos y activaría todos los riesgos.

Como lo expresó el Contralor General, Felipe Córdoba, en febrero de 2019, durante una audiencia de la Procuraduría: “La entrada tardía del proyecto Hidroituango podría afectar a la sociedad colombiana (…) se podría generar un costo mayor en el valor de la energía y probablemente mayores tarifas para la gente en todo el país” … “si hay responsables de malos manejos en Hidroituango, ellos pagarán por esos hechos, pero el proyecto debe seguir”.

En este momento es importante tener claro que no podemos ceder los subcontratos de diseño, ni la interventoría, ni la construcción y no podemos reemplazar a los subcontratistas. Pretender ceder los contratos en estos momentos, donde hay asomo de una medida cautelar, es entrar a temas prohibidos por la ley, sancionados penalmente, como lo es cualquier estrategia jurídica que pretenda ocultar bienes o despatrimonializar a las compañías subcontratistas. Para terminar los contratos debe existir una causa legal o contractual, situación que no se presenta hasta ahora. Ninguna de las partes tiene facultades para terminar unilateralmente el contrato.

Adicionalmente, de no comenzar operación Hidroituango, EPM estaría obligada a pagar por incumplimientos ante la CREG cerca de 570.000 millones de pesos, perdería 1 billón de pesos por cargos por confiabilidad, se le acelerarían los contratos de crédito con el BID por cerca de 5,6 billones y serían inviables cierres financieros y renovaciones de créditos y pólizas de los proyectos actuales y futuros de la Compañía. Nadie quiere ver a EPM en la quiebra.

EPM es una empresa que transciende las fronteras de Antioquia y tiene compromisos millonarios en otras regiones de Colombia. En la actualidad la empresa suministra, con su filial Afinia, el servicio de energía a los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y algunos municipios de Magdalena, lo que representa seis millones de personas en el Caribe colombiano. Además de la prestación de servicios públicos en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío  y de Aguas en Atlántico y Chocó.

Finalmente, la recuperación técnica del proyecto alcanza un 83.7%, y la llegada de seis transformadores en las últimas semanas, sumado al montaje del puente-grúa, de 300 toneladas, permitirán la instalación de las dos primeras unidades de generación. Cómo país apostémosle al éxito de Hidroituango que entregará el 17% del suministro de energía a los colombianos.