La extorsión de Colombia en Washington

Mary Anastasia O’Grady   

El presidente Santos es un mejor amigo para Cuba y Venezuela que para los EE.UU.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, va a Washington esta semana para buscar la bendición de Donald Trump a su acuerdo de amnistía con las narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También quiere los US$ 450 millones que Barack Obama reservó para Colombia en el presupuesto estadounidense de este año. El Sr. Santos obtiene pocas bendiciones en su casa -una encuesta publicada el 8 de mayo por la firma de investigación de mercado Yanhaas encontró que tiene el 19% de aprobación-. El Sr. Trump tal vez debiera considerar por qué.

En casi todos los aspectos Colombia está peor que cuando el Sr. Santos tomó el timón en 2010. Reformas económicas importantes han languidecido, pero el año pasado el gobierno aumentó bruscamente los impuestos. La economía creció un escaso 2% en 2016.

El Sr. Santos ha presidido un boom de la corrupción. Colombia ha caído 12 puntos en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional durante su tiempo en el cargo. Santos niega saber acerca de donaciones ilegales a su campaña de reelección de 2014 por parte de la constructora brasileña Odebrecht, pero la semana pasada el Congreso Colombiano anunció una comisión especial que abrirá una investigación.

Aún así, el señor Santos querrá presumir cuando llegue a Washington. Esquivó la Constitución colombiana para hacer su acuerdo con las Farc. Luego lo consagró por encima de la Constitución, aunque la gente lo rechazara en un plebiscito nacional. También consiguió que el Congreso de su país, que controla, le diera poderes discrecionales durante su puesta en práctica.

Colombia es ahora un lugar donde los enemigos políticos del presidente, o sus familiares, terminan a menudo en la cárcel. Un hermano del ex presidente Álvaro Uribe, Santiago, ha estado tras las rejas desde principios de 2016, aunque nunca ha sido condenado por ningún delito.

La producción de coca se ha disparado bajo el señor Santos. Por lo tanto, se podría pensar que tiene a los Estados Unidos ante un dilema: o entrega la ayuda externa o verá el narcotráfico disparado y fuera de control. El Sr. Trump podría informarle al Sr. Santos que mientras la extorsión se ejecuta salvajemente en su Colombia, es considerada de mal gusto en los EE.UU.

El dilema pone de relieve la tontería de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, que busca defoliar el continente sudamericano para reducir la demanda de narcóticos aquí. El plan ha fracasado y envalentonado a las organizaciones criminales andinas, que se benefician de lucrativos negocios de cocaína en Estados Unidos, ganando poder en las zonas rurales y desestabilizando las democracias.

Bajo el mandato del presidente Uribe, Colombia recuperó amplias zonas del país que se habían perdido ante el crimen organizado, principalmente las FARC que trabajaban con otros grupos criminales, y restableció la presencia del Estado en todo el país. Cuando el Sr. Santos asumió la presidencia, las FARC habían sido derrotadas.

El Sr. Santos me dijo en 2012 que fueron las FARC las que iniciaron las conversaciones de paz. Pero, de acuerdo con su hermano Enrique, desde hace tiempo amigo de la izquierda terrorista colombiana, eso no es cierto. Como expliqué en este espacio el año pasado, en su libro en primera persona de 2014, “Así empezó todo”, Enrique escribe que negociar con las FARC fue idea de Juan Manuel.

Fue sólo una de las muchas mentiras que el señor Santos dijo en su país y en el extranjero, en su afán por apaciguar a los criminales de guerra de las FARC. El dictador cubano Raúl Castro acogió las conversaciones en La Habana, y el señor Santos cedió a cada una de las demandas del grupo. Recibieron amnistía completa, asientos en el Congreso y el derecho a gobernar. Después de décadas de tráfico de drogas afirman que no tienen dinero para compensar a las víctimas. En cambio el acuerdo costará a los contribuyentes colombianos $ 31 billones en 10 años.

La semana pasada, al día siguiente de una cena en la residencia del embajador colombiano, el Senador de la Florida, Marco Rubio, dijo que “Estados Unidos apoya la implementación del acuerdo de Paz de Colombia, pero estará condicionado al pleno cumplimiento del mismo por parte de las FARC y. . . que trabajaremos con el gobierno colombiano, el gobierno democráticamente elegido por el pueblo de Colombia, para asegurar que los crímenes cometidos por las FARC no queden impunes y que las víctimas sean indemnizadas adecuadamente”.

El Miami Herald informó que el Sr. Rubio había  respaldado el tratado Santos-Farc. El Sr. Rubio se defendió en Twitter: “Nunca he dicho nada sobre el apoyo al acuerdo de paz en mi discurso. Dije que apoyaba la financiación continuada a Colombia, con condiciones “.

Rubio es un defensor de la libertad en la región. Si él es serio, no debería otorgar al Sr. Santos un centavo, porque la pieza central del acuerdo de La Habana  es que las Farc no tendrán “un solo día en la cárcel”. El dinero es maleable, por lo que no hay manera de evitar que la ayuda de los Estados Unidos se dirija a tribunales especiales para las confesiones de las FARC, a los que el Sr. Rubio dice que se opone.

El Sr. Rubio insiste en que el acuerdo de las FARC es un asunto interno y no debe pesar sobre las decisiones de financiación de Estados Unidos para ayudar a los militares colombianos. Pero Colombia ya no es el aliado que era bajo el gobierno de Uribe. Los amigos del señor Santos son Cuba y Venezuela. No ha sido útil para presionar a Caracas para regresar a la democracia. ¿Desde cuándo ignora Washington un ejercicio antidemocrático del poder al evaluar si un país es digno de la ayuda exterior?

The Wall Street Journal, New York, mayo 15 de 2017.

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