Vía: Portafolio.co

Por: Iván Duque Márquez

Lleno de júbilo, el Ministro del Interior expresó, ante la plenaria del Senado, que la aprobación del acto legislativo de Equilibrio de Poderes había desarrollado la mayor reforma a la Constitución de 1991. En efecto, se trata de la modificación más pronunciada vista por el número de artículos desde la promulgación de la Carta Política y, lo que cabría preguntarse es si esta reforma nos deja un país mejor.

Una de las más claras demostraciones de nuestra inmadurez institucional tiene que ver con el constante manoseo a la Constitución, convirtiéndola en una especie de compilación de intrigas, sospechas, garantías y medidas proteccionistas de intereses especiales. Las constituciones deben darle a la sociedad unos marcos generales que plasmen las bases de un contrato social, pero desnaturalizarlas en micronormas demuestra la desconfianza colectiva, en la cual solo lo que esté escrito en piedra dentro de su cuerpo es verdaderamente creíble.

La reforma aprobada no equilibra nada, no es una reforma a la justicia, ni,mucho menos, una modificación estructural al orden político, encaminado a mejorar nuestro sistema electoral. En pocas palabras, esta agenda llena de ditirambos dionisiacos, exaltados por los agentes oficiosos del Gobierno, es todo menos motivo de orgullo.

El país que nos deja esta iniciativa gubernamental se podría describir con crudeza. La elección del Contralor General de la República quedará en manos de la más vulgar politiquería, al ser responsabilidad exclusiva del Congreso de la República, mediante la estructuración de una lista de elegibles, depurada de una convocatoria pública. Sencillamente, el control fiscal será un trofeo a los más hábiles componedores y no la reivindicación de la técnica y experticia en el tema.

La Rama Judicial quedará en manos de un consejo de gobierno, conformado por nueve miembros (Presidentes de las tres cortes, el gerente de la rama, un representante de los magistrados de tribunales y jueces, un representante de los empleados de la rama y tres miembros permanentes, nombrados por los otros miembros) que definirán las políticas del sector, regularán los trámites judiciales, reglamentarán la carrera judicial, aprobarán el presupuesto sectorial, postularán los candidatos a la Comisión de Aforados, definirán la estructura de la gerencia de la rama y la supervisarán.

En pocas palabras, será este órgano el amo y señor de una justicia frente a la cual no se han hecho las verdaderas reformas de calidad y transparencia.

Como gran medida, se elimina la reelección, sin haber al menos contemplado la opción de mantenerla no consecutiva.

Volveremos a los gobiernos que construyen gobernabilidad con los jefes políticos y se olvidan de edificar confianza con la ciudadanía, haciendo más transaccional la relación del Ejecutivo y el Legislativo. Las ideas de las listas cerradas para depurar y mejorar la calidad de la política no prosperaron, y las bases de una reforma electoral con comicios en día hábil o financiamiento público integral se desvanecieron.

El Gobierno celebra una reforma improvisada que manosea la Constitución, mientras se consolida un país desequilibrado, en el cual las componendas políticas están por encima del clamor popular.

Iván Duque Márquez

Senador

ivanduquemarquez@gmail.com