Por Paola Holguín, senadora de la República

Este será otro momento decisivo para el Gobierno del Presidente Iván Duque, porque el acuerdo de Escazú que firmó el 11 de diciembre de 2019, nos pone ahora entre las pretensiones de la izquierda y los promotores de las marchas del año pasado, y la soberanía del país (esta vez, de verdad); y las necesidades de diferentes sectores productivos.

La decisión pasó ahora a manos del Congreso, que tiene que ratificar o no un acuerdo que necesita de por lo menos once países y que a la fecha cuenta con nueve (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay) y con serias objeciones de naciones como Perú, Chile y Brasil.

El acuerdo que suena muy bien en principio, como el adecuado acceso de los ciudadanos a la información, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible; en realidad, en sus veinticinco artículos y cuatro principios base, empieza a generar una serie de dificultades. Veamos algunas:

En el tema de acceso a la información ambiental olvidan que existe información estratégica que no puede quedar expuesta al público en general porque eso afectaría directamente programas y planes de los proyectos que se vayan a ejecutar causando un desequilibrio en la competitividad.

En la participación pública en asuntos ambientales, es importante tener claro que en Colombia la consulta popular que está en la Constitución Política en el artículo 103 y en la Ley 134 de 1994, y el Convenio 169 de OIT sobre Consulta Previa, han posibilitado la participación de los ciudadanos en la toma de ciertas decisiones respecto a sus regiones, sin que eso signifique que el Estado tenga que renunciar a su deber de trabajar en el desarrollo del país. Con este acuerdo tendríamos una sobredimensión de la participación de la ciudadanía.

Sobre el acceso a la justicia ambiental, hoy en el país hay hipernormatividad sobre asuntos ambientales, tenemos: el artículo 79 de la Constitución Política; las Leyes 1757 de 2015, 99 de 1993 y 472 de 1998. ¿Para qué asumir un choque normativo entre las disposiciones legales internas vigentes y las que imponga Escazú?.

En la protección de los Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales que es un tema importante para el Gobierno y la justicia interna, con el acuerdo se prevé la posibilidad de buscar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juzgue al Estado por estos hechos; en el país, frente al asesinato de líderes sociales, lo que hemos visto en la inmensa mayoría de los casos, es la responsabilidad de los grupos armados organizados como las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, en zonas de disputa por el control del narcotráfico; pero seguramente el Estado terminaría teniendo que pagar por estos crímenes de esas estructuras criminales.

El acuerdo de Escazú crea incertidumbre sobre la reglamentación para cada etapa de los proyectos, no preserva la sana competencia entre los operadores de proyectos ambientales; y duplica el marco normativo existente.

Gremios como FENAVI, la Asociación Colombiana del Petróleo y la ANDI presentaron concepto desfavorable y le solicitaron al Gobierno del Presidente Iván Duque que se archive la iniciativa. Además, es de la mayor gravedad que en el tratado se encuentre incluida la norma de no hacer observaciones al mismo, es decir, que se adopta el texto en su totalidad, sin reserva alguna, haciendo que las naciones que lo ratifiquen, en este caso Colombia, entreguen su soberanía sobre temas litigiosos en materia de medio ambiente.

Deben tener en cuenta, sobre todo, que al suscribir este tratado internacional, estamos entregando derechos legítimos sobre nuestros recursos naturales y el territorio nacional; imponiendo el ritmo del desarrollo minero – energético entre otros asuntos, a ONG`s medioambientales que guardan silencio ante la deforestación por el narcotráfico, pero la critican cuando se trata de ganadería extensiva, o las que no dicen nada de las voladuras de los oleoductos por parte del terrorismo, pero sí se opone al fracturamiento hidráulico como modalidad de explotación de recursos energéticos. 

Escazú puede detener cuanto proyecto se presente, por cuenta de ciudadanos que desinformados o presionados demanden al país internacionalmente, alegando vulneración de sus derechos.