En una decisión que no veía venir la opinión pública y mucho menos la presidenta Dilma Rousseff, ayer un juez federal suspendió la nominación del expresidente como jefe de gabinete, argumentando que hay indicios de crimen de responsabilidad en la misma, ya que Lula es investigado por corrupción.

Recordemos que la presidente había nombrado a Lula como ministro el miércoles para dotarlo de fuero ministerial, evitar que la justicia ordinaria le siguiera investigando y ganar un poco de tiempo dilatando el proceso, ya que a los ministros solo los puede investigar el tribunal supremo federal. 

Y esto ha generado enfrentamientos dentro de la rama jurídica del país y dentro del sector político quienes s debaten entre si el nombramiento de Lula era legítimo y quiénes no.

Además se teme un posible golpe de Estado y este temor ya ha tenido impactos internacionales. De hecho el gobierno uruguayo está promoviendo una declaración de respaldo de la UNASUR a la presidenta de Brasil. Es que el presidente Tabaré Vázquez y su entorno temen un golpe de Estado en ese país. 

Y todas estas crisis, la política, la social y la institucional, desembocan en una crisis mayor: La crisis económica de lo que algún día fue la economía más fuerte de la región. Mientras el panorama político es de total incertidumbre, el económico ineludiblemente se ve arrastrado por ello. 

El propio Banco Central de Brasil dio a conocer que la economía nacional continúa contrayéndose a un ritmo de casi 1% mensual sin que ello parezca que se revertirá a corto plazo. A la par, economistas estiman un desempleo mayor al 10% para este año, lo que implicaría un notorio aumento del índice de desocupación, lo que conllevaría a mayor malestar social.