La Corte Constitucional le hizo algunas modificaciones al decreto de bienes de las FARC que fue ampliamente criticado porque dejaba abierta la posibilidad de que los guerrilleros pudieran usar sus propios bienes para hacer política.

La Corte estableció que las FARC no podrá hacer uso de sus bienes, que el dinero que se recoja de la guerrilla será para reparar a las víctimas y que los bienes que no fueron entregados en el inventario por las FARC deberán ser perseguidos judicialmente.

Los bienes de las FARC serán recibidos por un fondo fiduciario donde el gobierno y la llamada comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, propondrán como debe quedar conformada esa fiducia.