El caso Petro acabó con la respetabilidad del sistema judicial en Colombia, luego de que un magistrado de la sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá ordenara al presidente Juan Manuel Santos acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de restituir en el cargo de alcalde mayor a Gustavo Petro Urrego.

La discutida decisión del magistrado Oscar Humberto Ramírez, se produce en contravía con lo ya decidido y establecido por el Consejo de Estado.

Se trata de una tutela interpuesta contra el acto administrativo del presidente de la República en el que ejecuta la sanción y nombra a Rafael Pardo.