La Red de Veedurías Ciudadanas se retractó y retiró la denuncia que había presentado contra los congresistas Daira Galvis, Mauricio Gómez y Antonio Zarabaín, por el escándalo del contrato entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC.
Pablo Bustos, la persona que interpuso la acción judicial, pidió disculpas y señaló que hasta el momento “no militan en su contra pruebas de responsabilidad en el caso MinTIC-Centros Poblados”.
La única denuncia que continúo en firme fue la que se interpuso en contra del senador y miembro del Pacto Histórico, Armando Benedetti, quien fue culpado por la exministra Karen Abudinen de haberla llamado para suspender la audiencia de revocatoria del contrato.
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