Por Paola Holguín, senadora de la República.

Con la renuncia del expresidente Álvaro Uribe a su curul en el Senado el pasado 18 de agosto, el caso que actualmente adelanta la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pasa a la Fiscalía General de la Nación, dado que desde el año 2009, la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) en varias providencias, dejó claro que solo mantiene la competencia para seguir procesos contra aforados, en la medida en que el hecho guarde relación con la función como Parlamentario (Proceso 27032 de 2009). 

Es claro en la propia Constitución, que establece en el artículo 235 numeral 3, que la C.S.J tiene competencia para investigar y juzgar a los miembros del Congreso y se precisa en el parágrafo del mismo artículo que: “cuando los funcionarios antes enunciados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”; este texto se mantuvo en el Acto Legislativo 01 de 2018 que modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución e implementó la doble instancia y la impugnación de primera instancia condenatoria.

La Sala de Casación Penal de la misma Corte (C.S.J), mediante Auto del 1º de septiembre de 2009, radicado 31653, advirtió que la “relación funcional” entre la calidad de Congresista y las funciones propias del cargo, comprende incluso aquellas conductas que tengan (i) Origen en la actividad Congresional, o (ii) Sea su necesaria consecuencia. Aquí es importante anotar que la Sala Especial de Instrucción, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto de 2020, aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió imponer medida de aseguramiento de detención preventiva, contra el expresidente Uribe, pero no le suspendió de sus funciones Congresionales en la medida en que como reza en la página 1546 del Auto, “no se advierte entorpecimiento de la buena marcha de la administración”, es decir, que los supuestos comportamientos no tienen relación directa ni indirecta con su labor como Senador.

Y es claro, porque los presuntos delitos de soborno a testigo y fraude procesal, nada tienen que ver con la labor del Congreso, no son su consecuencia ni fueron usados para obtener la curul; por tanto al renunciar a su cargo de Parlamentario, el expresidente Uribe pierde el fuero y su caso va a la Fiscalía.

Esta es la razón en derecho, y más allá de eso, debería existir esa mínima garantía ante la enorme evidencia de la imposibilidad de lograr un juicio justo, un juez imparcial y un debido proceso ante una Corte que: nunca informó al Expresidente que era investigado, a pesar de que él había solicitado ser informado a través de derechos de petición; que no le permitió rendir versión libre, como parte del derecho a la defensa que asiste a cualquier ciudadano; que violó la presunción de inocencia y ordenó prisión domiciliaria, que muchos han calificado como una medida desproporcionada y carente de idoneidad; que aceptó pruebas ilícitas, como las 22 mil interceptaciones ilegales ordenadas por el Magistrado Barceló contra el Expresidente; que se ha negado a practicar pruebas de la defensa que había decretado, como escuchar Alias Mancuso, el Tuso Sierra o Monoleche; que apartó a la Magistrada Lombana por haber sido oficial del Ejército durante el Gobierno del expresidente Uribe, pero no obra igual con Magistrados como Alarcón o Reyes, que tienen claros impedimentos; que compulsó copias de la orden de detención contra el expresidente Uribe a varios testigos, en evidente presión y en una etapa procesal en que es ilegal; que ha permitido la violación de la reserva sumarial con un claro sesgo que vulnera derechos fundamentales del Expresidente y genera estereotipos en el imaginario colectivo, en fin, lo evidente es que hoy hay infinitas razones de peso para exigir que el caso del expresidente pase a la Fiscalía General de la Nación, con la esperanza de que de una vez por todas se obre en justicia, por el Expresidente y por Colombia, porque como decía el libertador, “la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”, por tanto, lo que nos estamos jugando son los pilares que nos sostienen como Nación.