Tomado de La Silla Vacía 

Por LAURA ARDILA ARRIETA | TATIANA DUQUE | DANIEL MORELO · 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En varias ocasiones, el presidente Juan Manuel Santos se ha preciado de que en su Gobierno no hay ningún funcionario condenado, pero a la luz de los últimos acontecimientos habría que decir que cada vez son más los que están cuestionados. Y no sólo funcionarios, sino también aquellos alfiles en los que el mandatario basó su reelección y gobernabilidad.

Así lo evidencian la caída de los llamados ñoños (los senadores más votados de la coalición santista: Bernardo ‘el Ñoño’ Elías y Musa Besaile), la resolución de acusación contra Zulema Jattin y el llamado a imputación de cargos al expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade, por mencionar sólo lo más reciente.

El criterio para hacer este círculo de cuestionados de Santos fue que se tratara de altos funcionarios o de políticos importantes que ayudaron a que haya podido gobernar o que fueron clave para elegirlo o reelegirlo. Los dividimos en cuatro: condenados, capturados, imputados, o salpicados que están siendo investigados preliminarmente.

 Luis Fernando Andrade

Ejecutivo que hizo casi toda su carrera profesional en la empresa estadounidense McKinsey, llegó al Gobierno Santos en 2011 como director del Instituto Nacional de Concesiones INCO que transformó en la actual Agencia Nacional de Infraestructura ANI a cargo de las 4G, uno de los proyectos más ambiciosos de Santos. Representaba la tecnocracia modernizadora que el Presidente decía querer implementar en varias entidades del Estado, lejos de la burocracia clientelista. En julio la Fiscalía anunció que le imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos, dentro del caso de las coimas que pagó la corrupta multinacional Odebrecht para ganarse la adición de la vía Ocaña-Gamarra en el proyecto de la Ruta del Sol. Como director de la ANI, Andrade firmó la adición en marzo de 2014, que luego fue aprobada por el Conpes y el Confis, con lo que se convirtió en el primer alto funcionario santista en enfrentar líos judiciales. A fines del mes pasado renunció al cargo.  En su defensa, Andrade ha dicho que no recibió dinero para hacer la adición (la Fiscalía no ha dicho que lo haya hecho); que la firmó porque era lo más razonable económica y técnicamente; y que prueba de su gestión es la cantidad de empresarios y personas que han salido en su defensa.

Carlos Eduardo Correa Escaf

Exalcalde conservador de Montería que en varias ocasiones fue reconocido como uno de los mejores mandatarios del país y del mundo (en 2014, según la City Mayors Foundation), llegó al Gobierno Santos en febrero de 2016 como viceministro de Agua Potable cuando el vargasllerista Luis Felipe Henao estaba de titular de la cartera de Vivienda. Luego pasó a la Alta Consejería Presidencial para las Regiones. Allí se convirtió en un alto funcionario consentido del Presidente, que no ahorraba elogios públicos para él siempre que viajaban a las regiones.

Tan querido era para Santos que, a pesar de que el 16 de junio de este año fue detenido para que le imputaran cargos por supuestas irregularidades en la construcción de un coliseo en su ciudad, el Primer Mandatario lo nombró nuevo director de Findeter. Para el momento de ese nombramiento Correa, no obstante, ya había sido dejado en libertad por un juez de garantías que consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes que justificaran su detención y la del actual alcalde monteriano Marcos Daniel Pineda por los mismos hechos. En su defensa, Correa ha dicho que no cometió ninguna irregularidad, que la obra se entregó sin que hubiese que hacerle ninguna adición de recursos y que evidencia de que todo está bien es que no hubo motivos de peso para dejarlo detenido. Pero sigue vinculado a las investigaciones, razón por la cual prefirió rechazar el nombramiento en Findeter mientras se resuelve su situación. La junta de la entidad había objetado su nombramiento por las mismas razones.

 Miguel Esteban Peñaloza Barrientos

Excoordinador general de la campaña Santos 2010 y exconsejero presidencial para las regiones de su Gobierno, fue el ministro de Transporte santista entre mayo y agosto de 2012, pero se cayó luego de que Daniel Coronell revelara que familiares suyos habían recibido decenas de contratos del Estado. Su nombre está salpicado en el escándalo de Odebrecht.

Hace siete años, el Nuevo Herald de Miami publicó una conversación de 2009 en la que aparecen el entonces viceministro uribista Gabriel García (quien ya aceptó que recibió 6,5 millones de dólares en sobornos por la licitación de la Ruta del Sol que entregó el Gobierno de Álvaro Uribe) y el corrupto Miguel Nule. La grabación tuvo lugar justamente días antes de la adjudicación de ese contrato que ganó la multinacional brasileña luego de entregar esa coima. En ella, García le decía a Nule que Peñaloza (para la época alto consejero para las regiones de Uribe) quería incidir en el proceso licitatorio sacando a los Nule, lo que habría favorecido a Odebrecht.

El exministro negó esas presiones. Sin embargo, esas grabaciones fueron retomadas por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría que dijo haber encontrado más material probatorio el mes pasado. Mientras que en la Fiscalía el exministro fue llamado a interrogatorio. Según la confesión del testigo del caso Otto Bula, publicada en El Espectador, Peñaloza habría recibido parte de estas platas ilegales.

 Gina Parody d Echeona

Ex uribista confesa, ha sido una de las políticas más cercanas y un gran soporte para Santos, tanto en su primero como en su segundo periodo. Entró al Gobierno santista en septiembre de 2012 como alta consejera para Bogotá. En 2013 fue nombrada directora del SENA, cargo al que renunció para respaldar la reelección del Presidente, quien a la postre la designó ministra de Educación, hasta que se fue luego de los resultados negativos del plebiscito para respaldar los acuerdos con las Farc y del escándalo por las “cartillas de ambientes escolares libres de discriminación” que ella impulsó y causaron malestar y manifestaciones dentro de asociaciones religiosas, comunidades cristianas, padres de familia y otros sectores conservadores por considerar que revelaban una “ideología de género”.

Tiene una indagación preliminar y está llamada a interrogatorio (al que no se ha presentado) dentro del caso de las coimas por la adición Ocaña-Gamarra a Odebrecht. Resulta que la Sociedad Portuaria de Cartagena, de la que la familia de Parody es accionista, tiene un proyecto portuario en Gamarra, que se beneficiaba enormemente de la construcción de esa transversal por la que la multinacional pagó un soborno. Y siendo Ministra, Parody firmó el Conpes que se necesitaba para que esa iniciativa saliera adelante en vez de declararse impedida por un conflicto de interés. En su defensa ha dicho que jamás favoreció los intereses de su familia. De hecho, ella y su pareja Cecilia Álvarez sacaron un comunicado a principios de este año anunciando acciones legales en contra del uribismo por decir eso.

Cecilia Álvarez-Correa

Fue directora del Fondo de Adaptación y ministra de Transporte y de Comercio de Santos y una de sus altas funcionarias vistas como más cercana. Como MinTransporte, le pidió a Planeación Nacional el Conpes clave para que la adición de la vía Ocaña-Gamarra, por la cual Odebrecht pagó una multimillonaria coima, pudiera ejecutarse. Y luego, junto a todos los ministros, firmó ese Conpes. Tiene una indagación preliminar y un llamado a interrogatorio en la Fiscalía, al que no se ha presentado pese a la insistencia del ente acusador debido a que se encuentra fuera del país, al igual que su pareja Gina Parody.

Álvarez le ha dicho a La Silla en su defensa que lo que hizo al pedir prioridad para el Conpes fue iniciar algo de trámite que le correspondía por sus funciones como Ministra. Y que luego lo firmó y no se declaró impedida porque no lo estaba. La entonces ministra de Transporte se había declarado impedida antes para conocer cualquier tema vinculado a las sociedades portuarias de Cartagena y Buenaventura por su relación con Gina y la participación de la familia Parody en esas sociedades.

Roberto Prieto Uribe

Es un economista caldense tan cercano a Santos que ha liderado todas sus campañas, incluyendo la de la reelección. Fue director de la Fundación Buen Gobierno del Presidente, representante de Colombia ante el BID designado por el Primer Mandatario y alfil con influencia burocrática en Palacio (por ejemplo, los caldenses Gabriel Vallejo y Marco Aurelio Zuluaga llegaron a dirigir Prosperidad Social y el Instituto de Bienestar Familiar por sugerencia suya).

Luego de negar con insistencia que a la campaña de la reelección santista hubiese entrado plata de la corrupta Odebrecht, en marzo de este año terminó reconociendo una operación irregular a través de la cual mandó a imprimir dos millones de afiches con recursos que puso esa multinacional por debajo de la mesa. La Fiscalía también investiga si fue destinatario del billete que le dio Odebrecht al hoy testigo Otto Bula para que pedaleara el negocio de la vía Ocaña-Gamarra.

Además de Bula, a Prieto lo mencionó en su interrogatorio el expresidente de la ANI que firmó la adición de esa vía, por la cual los brasileños pagaron una coima, (Luis Fernando Andrade) quien dijo -citado en El Espectador- que Prieto al parecer tenía especial interés en conocer el estado de los trámites que faltaban para que se aprobara ese proyecto. El mes pasado se supo también que el exministro Gabriel García (quien reconoció haberle recibido un soborno a Odebrecht por entregarles un tramo de la concesión de la Ruta del Sol en el Gobierno Uribe) declarará en contra de Prieto. García ha dicho que Roberto Prieto habría dado instrucciones para que entraran 400 mil dólares de Odebrecht a la campaña Santos de 2010.

Por su parte, el empresario Eduardo Zambrano, quien le aceptó a la Fiscalía haber cometido enriquecimiento ilícito dentro del caso de las coimas de la multinacional, le aseguró al ente acusador que el exgerente de campañas santistas recibió 300 millones de pesos por hacer lobby ante la ANI en favor de los brasileños. Por ahora, Prieto está sólo llamado a interrogatorio y en su defensa ha dicho que jamás le hizo favores a Otto Bula y que no fue el único directivo de la campaña Santos.

Bernardo ‘el Ñoño’ Elías Vidal

Uno de los senadores consentidos de la mermelada (cupos indicativos para invertir en región al deseo de un congresista) que entregó el Gobierno Santos y estandarte de la reelección del Presidente en el Caribe, el cordobés Ñoño Elías llevaba siete años sentándose a manteles en Palacio hasta el pasado 10 de agosto, cuando fue capturado dentro del escándalo de las coimas que repartió Odebrecht. Luego de que la Fiscalía le trasladara las pruebas, la Corte Suprema consideró que Elías pudo haber cometido los delitos de concierto para delinquir agravado por el lavado de activos, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, por lo que lo tendrá tras las rejas hasta que se lleve a cabo su juicio. En concreto, el Senador supuestamente recibió parte del soborno que pagó la multinacional por hacerse a la adición de la vía Ocaña-Gamarra. Los principales testigos en su contra son sus examigos Otto Bula y Gabriel Dumar. Antes de su captura, el Ñoño insistió varias veces en que va a superar lo que considera es “un impasse” y que jamás recibió platas ilegales.

Musa Besaile Fayad

Senador cordobés y el otro miembro del dúo de políticos conocidos en el país como “los ñoños” (el otro es el Ñoño Elías). Besaile se convirtió en el congresista más votado de la coalición santista, luego de la mermelada que le dio el Gobierno Santos al que ha respaldado no sólo en el Congreso, sino buscándole los votos para la reelección en el Caribe. Musa tiene una investigación preliminar por parapolítica abierta en la Corte Suprema desde hace 11 años. Su caso ha tomado gran relevancia desde que, hace unos días, confesó haber pagado dos mil millones de pesos al corrupto exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno para que le ayudara a frenar una orden de captura en su contra en 2015. Musa aseguró haber actuado bajo presión y ser víctima de una extorsión. Su testimonio generó un huracán que tiene sacudida a la Corte.

 Zulema Jattin Corrales

Exsenadora de La U de Lorica (Córdoba), siendo presidenta de la Cámara de Representantes fue una de las principales impulsoras del Partido de La U, que nació para respaldar la reelección de Álvaro Uribe y se quedó luego cobijando a Juan Manuel Santos y sus gobiernos. Jattin es amiga personal del Presidente, fue de las primeras congresistas que lo respaldó cuando se cayó la reelección uribista y éste decidió lanzarse, y le ha puesto votos en el Caribe.

En respuesta y pese a sus líos judiciales, Zulema ha sido una gran consentida del Gobierno, que le ha dado puestos que envidiaría cualquier político. Entre ellos, el de la persona que administraba el llamado “computador de Palacio”, desde donde se maneja toda la repartición burocrática del Estado. Ese cargo lo tuvo hasta hace poco Luis Miguel Pico (hoy viceministro de Agricultura), en representación de Jattin y del exministro Sergio Díaz-Granados. Y también la Secretaría General de la Supersolidaria.

Zulema Jattin tiene una investigación abierta desde 2007 por supuestamente haberle recibido ayudas a los paramilitares. Su caso cobró vigencia de unas semanas para acá, luego de que se conociera que el abogado extorsionista Leonardo Pinilla la mencionó cuando estaba convenciendo al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para que pagara una coima, en el escándalo que los medios han bautizado como “el cartel de la toga”. Varios testimonios señalan que el caso se le congeló gracias a su relación profesional y personal con el corrupto exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. Por eso, la semana pasada la Corte Suprema le dictó resolución de acusación y revocó su medida de libertad provisional.

Además de esto, el senador que llevó al Congreso por La U su grupo (Martín Morales) actualmente está en juicio por parapolítica, narcotráfico y homicidio.

Hace unos días, Jattin le dijo a El Tiempo que Moreno sí fue su abogado, pero no en el proceso que tiene por parapolítica y que a él le pagó honorarios “como a cualquier abogado”. También aseguró que jamás ha entregado plata para coimas pues de lo contrario no llevaría cinco años con un brazalete electrónico y 10 años sin resolver su proceso.

Juan José ‘Juancho’ García Romero

En 2007 fue condenado por la Corte Suprema por el delito de peculado por apropiación por haber estado involucrado en el robo de 110 millones de pesos de los llamados auxilios parlamentarios, en la década de los 90. Su esposa, la también exsenadora de La U, Piedad Zuccardi, actualmente enfrenta un juicio por parapolítica. Pese a esos líos, ambos políticos han seguido activos a la sombra del santismo, del que son sus mayores representantes en el departamento de Bolívar.

Los cuestionados García-Zuccardi han sido compañeros de parranda de Santos y también un gran apoyo en sus empresas electorales. Tanto, que para la reelección en 2014, por ejemplo, Juancho García era el único político no congresista que tenía cubículo y recibía líderes en la sede oficial de la campaña santista del barrio Manga en Cartagena. El Presidente los ha sabido consentir con puestos como la representación presidencial en el consejo directivo de la corporación autónoma Cardique y la jefatura de la vivienda rural en el Banco Agrario.

También, les puso un aliado (llamado Carlos Otero, hoy fallecido) de encargado de la Alcaldía de La Heroica, cuando cayó enfermo el entonces mandatario de la ciudad Campo Elías Terán. La Administración cartagenera hoy está, de nuevo, en interinidad, luego de la captura del alcalde titular Manolo Duque. En encargo llegó al Palacio de la Aduana el alfil santista Sergio Londoño Zurek, quien no sólo les ha mantenido las cuotas que allí tienen los García, sino que le acaba de dar la Secretaría de Infraestructura a una vieja aliada de Juancho, como lo contamos en La Silla Caribe.

Hernán Andrade

Junto a Efraín ‘Fincho’ Cepeda (actual presidente del Congreso) y a Roberto Gerlein, representa el ala santista del Partido Conservador. Como presidente del conservatismo, ha sido clave para mantener a la bancada azul unida en apoyo al Gobierno Santos para los proyectos de la reglamentación del Acuerdo de paz, como la ley de la JEP, del cual fue uno de los ponentes, y de la que dio vía libre al plebiscito. Por esa vía, ha sido asiduo visitante de la Casa de Nariño estos años y obtenido cuotas a nivel nacional en entidades como el Incoder.

Aunque a Andrade le fue cerrada una investigación en la Corte Suprema por la presunta ilegalidad de un préstamo en Cajanal, fue vinculado mediáticamente al escándalo de presuntos pagos de coimas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, luego de haber aparecido mencionado en las grabaciones que le hizo la DEA al corrupto abogado Leonardo Pinilla, cuando éste intentaba convencer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons de pagar una extorsión mencionándole casos en los que supuestamente pagar la coima había servido.

Según Pinilla, Andrade habría pagado 2.300 millones de pesos para que la Corte no lo sentenciara, un asunto que niega el Senador godo, a quien la Fiscalía pidió investigar. Esas acusaciones hicieron tambalear su puesto como director del Partido Conservador, pero, por ahora, se quedará en el cargo, tras recibir el apoyo de la bancada en el Senado.

En su defensa, el Congresista dijo en un comunicado que el fallo de la Corte en 2014 a su favor fue unánime y que su nombre no tiene nada que ver en el caso de las coimas.

Dilian Francisca Toro

La actual gobernadora del Valle y baronesa electoral es una de las políticas regionales más cercanas al Presidente. Fue una de sus aliadas clave para la reelección de Santos en 2014, gracias a que, como lo contamos en ese momento, en la segunda vuelta tres de sus fortines vallunos (Sevilla, Cartago y Tuluá) triplicaron su votación con respecto a la primera vuelta y permitieron que el Primer Mandatario ganara en el departamento. A eso se suma que tiene bancada propia en el Congreso, con un senador y tres representantes.

En 2008 tuvo una investigación preliminar por parapolítica por el aumento de su votación especialmente en el Magdalena y por las declaraciones del paramilitar alias Macaco ante la Corte que la vinculaban con los paramilitares. A inicios de 2017, la Corte reactivó este y otros seis procesos de presunta parapolítica en el Valle, al pedir la declaración de alias Don Diego.

En 2012, cuando cursaba su tercer periodo como Senadora, ese alto tribunal le abrió otra investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la Corte, existen indicios de que unos bienes de ella ubicados en el Valle fueron comprados a testaferros del extraditado narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, y por ello se busca determinar si el excapo del cartel del Cali habría buscado a la congresista para “lavar” más de 5 mil millones de pesos derivados de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Fue detenida ese mismo año y tuvo el beneficio de casa por cárcel. Salió en 2013 y el caso sigue en recolección de pruebas con un fiscal delegado ante a Corte. La U con Santos a la cabeza la avaló en 2015 para la Gobernación.

Según dijo ella a El Tiempo este domingo, contactó al detenido exfiscal Gustavo Moreno para una asesoría sobre falsos testigos, tema del que Moreno era experto, porque ella y su defensa, al mando de Iván Cancino, creen que varios de los testigos en su contra son falsos.

Yahir Fernando Acuña Cardales

Aunque la Unidad Nacional santista lo apartó en las regionales de 2015 (en las que la Policía lo aprehendió con varios millones de pesos en efectivo en su carro un día antes de los comicios), el exrepresentante sucreño fue uno de los alfiles clave en los que Santos se apoyó en la región Caribe para reelegirse. Estuvo en tarima haciendo campaña con la entonces fórmula vicepresidencial de Santos, Germán Vargas Lleras; y también con el propio Presidente buscando votos en Sincelejo. Como lo contamos en La Silla, en un principio lo tuvieron de tinieblo, pero lo sacaron del closet cuando perdieron la primera vuelta frente al uribista Óscar Ivan Zuluaga. Todo eso pese a tener abierta una investigación por parapolítica en la Corte desde 2011, y a que en su departamento son conocidas sus cuestionables formas de hacer política repartiendo billete, como lo hemos contado en La Silla.