El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le envió una carta al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en la que de manera categórica le manifestó que la función de la Defensoría no es atribuirle funciones constitucionales a la Fiscalía.

El rifirrafe entre Camargo y Barbosa se dio porque el defensor del Pueblo le había solicitado al ente acusador mayor celeridad en la protección de la vida, la integridad y la seguridad de los líderes sociales amenazados en El Salado, Bolívar.

El Fiscal invitó al Defensor a que antes de remitir ese tipo de comunicaciones, se informe del rol acusador de la Fiscalía, para poder avanzar cada uno, dentro de sus propias competencias, en la protección de los derechos humanos en Colombia.