El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros, anunció que le solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar la respectiva investigación para establecer la veracidad de una denuncia que indica que algunos funcionarios públicos estaban vendiendo las preguntas con respuestas para aspirantes a ingresar en la Rama Judicial.

De acuerdo con la denuncia hecha por algunos medios de comunicación, algunos funcionarios cobraban hasta 8 millones de pesos por respuesta del examen que hace parte del proceso para ocupar cargos tan importante como el de juez.