La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las manifestaciones sociales, medidas para “garantizar el derecho a la protesta pacífica”.

El alto tribunal dispuso la implementación de un protocolo de acciones preventivas que se denominará “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.

De acuerdo con la providencia de la Corte, existen falencias institucionales en la Policía para garantizar el orden público interno, y para usar de forma moderada y racional las armas, y de forma paralela ordenó la suspensión de las escopetas calibre 12 del ESMAD.