Tras una acción de tutela presentada por doce internos que se encuentran enfermos, sobre la mala alimentación que estarían recibiendo, la Corte Constitucional le ordenó a la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo tomar medidas de fondo y urgentes para proteger a los internos del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá.

Ese alto tribunal manifestó que la alimentación es un derecho de protección inmediata y no “puede suspenderse o limitarse como medida disciplinaria” y que el hecho que una persona esté recluida no justifica que no se le otorgue una buena y balanceada alimentación.

La Corte también ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Unspec), al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Unión Temporal Alimentando América de 2018 que suministren los alimentos teniendo en cuenta el plan dietario y el horario según los conceptos enviados por los médicos.